Por Rosa Victoria Chévez Sánchez
Si bien el
crecimiento económico de nuestro país en estos últimos años ha mostrado índices
estables y alentadores, la otra cara de la moneda nos muestra una cruda
realidad. Ocupamos el número 14 en el acceso de agua potable de 18 países de
América Latina.
Cuatro de cada 10
niños menores de 5 años no tiene acceso a agua limpia y pertenecen a familias
rurales. Según el Índice de Oportunidades Humanas (IOH) publicado en el libro
“Midiendo y entendiendo la evolución de las oportunidades para los niños en el
Perú” elaborado por el Banco Mundial (BM) y el Grupo de Análisis para el
desarrollo (Grade), en ranking de graduación a tiempo primaria, tiene el puesto
10 en saneamiento y el 15 en electricidad.
¿Pero dónde parte
el problema? El índice bajo se debe a una cobertura insuficiente como una
distribución desigual de las oportunidades que, claro, son derechos universales
que están a años luz de serlo.
El BM y Grade
muestran tales cifras en un informe que finaliza con el disparejo desempeño de
los IOH, aunque el IOH de telefonía celular creció notablemente de 8 a 52
puntos (el índice de 0 a 100) entre el 2004 y 2009, sin embargo, permanece una
marcada dispersión.
Paralelo a estos
últimos datos, en electricidad se pasó de 52 a 67 y en saneamiento de 44 a 55,
respectivamente con mejoras en cobertura y con distribuciones más equilibradas.
Lamentablemente, la
brecha de pobreza que vive nuestro país es la piedra en el camino que impide
ofrecer oportunidades a los niños por diferentes niveles socioeconómicos o
entre niños de zonas urbanas y rurales que hasta ahora no logran acceder a
servicios universales, siendo una tarea urgente para el desarrollo económico de
Perú por el desperdicio de talento que no beneficia a la población. La brecha
se está reduciendo, pero de manera muy lenta.
Y por ser Puno, la
región donde se concentra la mayor población de hogares en proceso de
inclusión, el Midis informó sobre el plan “Conocer para Incluir”. Éste reúne
herramientas de focalización y evaluación para asegurar la articulación
sectorial e intergubernamental para el logro de resultados sociales.
Finalmente, los
restos del sector así como los gobiernos regionales y locales deberán
implementar una política eficaz de desarrollo e inclusión social, es decir,
desde y para las personas, relacionando con buen criterio todos los niveles de
gobierno en común. Y aprovechando, de paso, las ventajas de innovación y
aprendizaje que ofrece un sistema de seguimiento y evaluación con el objetivo
de reducir las brechas de forma equitativa.
